En Arista, ofrecemos un servicio completo, le brindamos representación legal en todas las etapas que se desarrollan en el Procedimiento Administrativo Ordinario, que puede ser sancionador (en contra de un administrado o ciudadano, por ejemplo, en temas de sanciones tributarias, municipales, sanciones o multas, entre otros) o disciplinario (en contra de un funcionario público, por ejemplo, suspensiones o despidos, entre otros).

Nuestro equipo de abogados especializados en derecho administrativo cuenta con una vasta experiencia en el estudio de antecedentes, preparación de la teoría del caso, representación y asesoría en la investigación preliminar, auto de intimación e imputación, y audiencia oral y privada, dictado de acto final, etapa de recursos, dictado de acto definitivo y hasta el agotamiento de la vía administrativa si es obligatorio como en materia municipal o en algunas áreas de la contratación administrativa.

Nos encargamos de recabar y preparar las pruebas según la estrategia y necesidad legal, incluyendo declaraciones de parte, testigos, peritos, documentos e informes, reconocimiento judicial, medios científicos y tecnológicos, y cualquier otro medio no prohibido.

Además, en Arista ofrecemos un servicio completo y le brindamos representación legal en todas las etapas que se desarrollan en el Procedimiento Administrativo Sumario, este procedimiento como su nombre lo indica es más rápido y busca normalmente otorgar actos que benefician a los ciudadanos, pero en algunos casos la Administración los utilizan en forma incorrecta y en Arista estamos dispuestos a proteger sus derechos e intereses.

En Arista, brindamos servicios de asesoría y representación legal de alta calidad en todas las etapas del Proceso Judicial Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Contamos con amplia experiencia tanto en la interposición de demandas contra el Estado o los Entes Públicos como en la defensa de los derechos del cliente que ha sido demandado o es parte interesada en algún proceso de esta naturaleza.

El proceso contencioso administrativo es un procedimiento jurídico que busca resolver las controversias entre los particulares y la Administración Pública cuando se ha producido una afectación a los derechos e intereses de los primeros como consecuencia de una actuación administrativa.

En este tipo de proceso, el particular o empresa afectada puede impugnar los actos o decisiones adoptados por la Administración, solicitando la revisión y anulación de los mismos.

Nuestro servicio incluye el estudio previo de antecedentes, la preparación de la teoría del caso, la elaboración y presentación de la demanda o la contestación de demanda y/o la presentación de contrademanda o reconvención si corresponde, también la preparación de las pruebas, asistencia a las audiencias de conciliación, audiencia preliminar y audiencia de juicio oral, interposición de recursos contras las resoluciones que sean contrarias a derecho (revocatoria, apelación, casación, revisión).

Además, nos especializamos en la etapa de ejecución de sentencia, presentación del escrito de liquidación, asistencia a la audiencia de ejecución de sentencia, seguimiento a la etapa de giro de dineros, hasta la finalización y archivo del expediente.

En Arista, entendemos la importancia de una adecuada representación legal en los procesos contenciosos, y trabajamos de manera personalizada para satisfacer las necesidades jurídicas de cada cliente.

En Costa Rica, una demanda contra el Estado o los Entes Públicos es una acción judicial que puede interponer cualquier persona física o jurídica cuando se haya sufrido algún tipo de daño o perjuicio a causa de la actuación de la Administración Pública.

La demanda debe ser presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual es el órgano judicial encargado de conocer y resolver este tipo de asuntos. Es importante mencionar que la demanda debe contener una serie de requisitos formales, como la identificación del demandante y de la Administración demandada, la descripción detallada de los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se basa la reclamación.

En Costa Rica, la responsabilidad del Estado y los Entes Públicos se encuentra regulada en el Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual establece que el Estado y los Entes Públicos son responsables por los daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de su conducta formal o material, entendido este como el incumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas.

El proceso judicial para la tramitación de una demanda contra el Estado o los Entes Públicos en Costa Rica es similar al que se sigue en otros países. Una vez presentada la demanda, la Administración demandada tiene un plazo para contestarla y, posteriormente, se celebra una audiencia en la que se practican las pruebas pertinentes y se alegan las razones y argumentos de cada una de las partes.

Finalmente, el Tribunal emite una sentencia que puede confirmar o desestimar la reclamación del demandante y, en su caso, fijar el importe de la indemnización a la que tenga derecho.

En Costa Rica, las medidas cautelares en materia contencioso-administrativa son provisionales y pueden ser dictadas por el juez o tribunal con el fin de garantizar la eficacia de la sentencia y proteger los derechos del demandante durante el proceso.

Estas medidas buscan prevenir que la demora en el proceso o la ejecución del acto o decisión impugnada cause un perjuicio irreparable al demandante.

Entre las medidas cautelares que pueden ser adoptadas se encuentran la suspensión de la ejecución del acto impugnado, la adopción de medidas que impidan la continuación de la actuación administrativa impugnada, la adopción de medidas que permitan la realización de la actuación administrativa impugnada pero que no causen un perjuicio irreparable al demandante, la adopción de medidas para la conservación de bienes o derechos objeto del proceso y la adopción de medidas para la protección de derechos fundamentales.

Es importante mencionar que las medidas cautelares deben ser solicitadas por alguna de las partes o el juez puede adoptarlas si existe una situación de urgencia o necesidad que justifique su adopción.

Asimismo, estas medidas están sujetas al principio de proporcionalidad, es decir, que las medidas adoptadas no pueden causar un perjuicio mayor al que se pretende evitar con la medida cautelar.

Contamos con amplia experiencia en la tramitación de los procesos judiciales que se resuelven en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

En Arista ofrecemos asesoría y servicios de alta calidad con el fin de defender sus derechos e intereses.

El proceso judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo es una acción judicial que puede interponer una persona física o jurídica cuando se haya producido un daño o perjuicio como consecuencia de la actuación de la Administración Pública o pretensiones establecidas en normas especiales.

El proceso judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo se inicia mediante la presentación de una demanda, la cual debe contener una serie de requisitos formales, como la identificación del demandante y de la Administración demandada, la descripción de los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se basa la demandada.

Una vez presentada la demanda, la Administración demandada tiene un plazo para contestarla, y posteriormente se celebra una audiencia en la que se practican las pruebas pertinentes y se alegan las razones y argumentos de cada una de las partes. En algunos casos, el Juzgado Contencioso Administrativo puede citar a una audiencia oral, con el fin de fijar los hechos controvertidos y las pruebas que se van a practicar.

Es importante destacar que el proceso judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo se rige por diferentes leyes especiales, normas que regulan la actuación de la Administración Pública, y que es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en esta materia para asegurar una adecuada defensa de los derechos e intereses del demandante.