Derecho Administrativo
Ofrecemos servicios de contencioso administrativo y procedimientos administrativos que le ayudarán a resolver sus problemas de manera eficiente y profesional. Contáctanos hoy mismo para obtener más información y programar una consulta gratuita con nuestros expertos en derecho administrativo.
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Derecho Administrativo
Sobre nuestros Servicios
En Arista Legal, comprendemos la importancia de una correcta gestión de los Procedimientos Administrativos y en los procesos Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la necesidad de una resolución clara de cualquier controversia con las autoridades competentes.
Nuestro equipo de abogados especializados en Derecho Administrativo cuenta con una vasta experiencia en la resolución de estos asuntos y brinda una atención personalizada para satisfacer las necesidades jurídicas de cada cliente.
Ofrecemos nuestros servicios en todas las etapas de los procedimientos administrativos, desde su apertura de oficio o por alguna denuncia interpuesta, hasta su conclusión y los procesos judiciales Contenciosos en todas sus etapas.
Una adecuada representación ante las autoridades respectivas le permitirá defender de manera efectiva sus derechos e intereses.
Procedimientos Administrativos Ordinarios y Sumarios
En Arista Legal, ofrecemos un servicio completo, le brindamos representación legal en todas las etapas que se desarrollan en el Procedimientos Administrativos Ordinarios, que puede ser sancionador (en contra de un administrado o ciudadano, por ejemplo, en temas de sanciones tributarias, municipales, sanciones o multas, entre otros) o disciplinario (en contra de un funcionario público, por ejemplo, suspensiones o despidos, entre otros).
Nuestro equipo de abogados especializados en derecho administrativo cuenta con una vasta experiencia en el estudio de antecedentes, preparación de la teoría del caso, representación y asesoría en la investigación preliminar, auto de intimación e imputación, y audiencia oral y privada, dictado de acto final, etapa de recursos, dictado de acto definitivo y hasta el agotamiento de la vía administrativa si es obligatorio como en materia municipal o en algunas áreas de la contratación administrativa.
Nos encargamos de recabar y preparar las pruebas según la estrategia y necesidad legal, incluyendo declaraciones de parte, testigos, peritos, documentos e informes, reconocimiento judicial, medios científicos y tecnológicos, y cualquier otro medio no prohibido.
Además, en Arista Legal, ofrecemos un servicio completo y le brindamos representación legal en todas las etapas que se desarrollan en el Procedimiento Administrativos Sumario, este procedimiento como su nombre lo indica es más rápido y busca normalmente otorgar actos que benefician a los ciudadanos, pero en algunos casos la Administración los utilizan en forma incorrecta y en Arista Legal estamos dispuestos a proteger sus derechos e intereses.
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
En Arista Legal, ofrecemos asesoría y servicios de alta calidad en todas las etapas del Proceso Judicial Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Contamos con amplia experiencia tanto en la interposición de demandas contra el Estado o los Entes Públicos como en la defensa de los derechos del cliente que ha sido demandado o es parte interesa en algún proceso de esta naturaleza.
El proceso contencioso administrativo es un procedimiento jurídico que tiene como objetivo resolver las controversias entre los particulares y la Administración Pública, cuando se ha producido una afectación a los derechos e intereses de los primeros como consecuencia de una actuación administrativa. En este tipo de proceso, el particular o empresa afectada puede impugnar los actos o decisiones adoptados por la Administración, solicitando la revisión y anulación de los mismos. El proceso contencioso administrativo se inicia con la presentación de una demanda ante el órgano judicial competente. Durante el proceso, el órgano judicial evalúa los argumentos y pruebas presentadas por las partes, así como los documentos y actuaciones administrativas relacionados con el asunto. La sentencia final del proceso puede confirmar o anular la actuación administrativa impugnada, sea conducta formal o el cuestionamiento y sus consecuencias de las conductas material, y en su caso, establecer las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses del particular o empresa afectada. El proceso contencioso administrativo es un medio para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, y para que las decisiones y actuaciones administrativas se ajusten a la legalidad y los principios de transparencia, eficacia y eficiencia.
Nuestro servicio incluye el estudio previo de antecedentes, la preparación de la teoría del caso, la elaboración y presentación de la demanda o la contestación de demanda y/o la presentación de contrademanda o reconvención si corresponde, también la preparación de las pruebas, asistencia a las audiencias de conciliación, audiencia preliminar y audiencia de juicio oral, interposición de recursos contras las resoluciones que sean contrarias a derecho (revocatoria, apelación, casación, revisión). También nos especializamos en la etapa de ejecución de sentencia, presentación del escrito de liquidación, asistencia a la audiencia de ejecución de sentencia, seguimiento a la etapa de giro de dineros, hasta la finalización y archivo del expediente.
El proceso contencioso administrativo es un procedimiento jurídico que tiene como objetivo resolver las controversias entre los particulares y la Administración Pública, cuando se ha producido una afectación a los derechos e intereses de los primeros como consecuencia de una actuación administrativa. En este tipo de proceso, el particular o empresa afectada puede impugnar los actos o decisiones adoptados por la Administración, solicitando la revisión y anulación de los mismos. El proceso contencioso administrativo se inicia con la presentación de una demanda ante el órgano judicial competente. Durante el proceso, el órgano judicial evalúa los argumentos y pruebas presentadas por las partes, así como los documentos y actuaciones administrativas relacionados con el asunto. La sentencia final del proceso puede confirmar o anular la actuación administrativa impugnada, sea conducta formal o el cuestionamiento y sus consecuencias de las conductas material, y en su caso, establecer las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses del particular o empresa afectada. El proceso contencioso administrativo es un medio para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración, y para que las decisiones y actuaciones administrativas se ajusten a la legalidad y los principios de transparencia, eficacia y eficiencia.
Nuestro servicio incluye el estudio previo de antecedentes, la preparación de la teoría del caso, la elaboración y presentación de la demanda o la contestación de demanda y/o la presentación de contrademanda o reconvención si corresponde, también la preparación de las pruebas, asistencia a las audiencias de conciliación, audiencia preliminar y audiencia de juicio oral, interposición de recursos contras las resoluciones que sean contrarias a derecho (revocatoria, apelación, casación, revisión). También nos especializamos en la etapa de ejecución de sentencia, presentación del escrito de liquidación, asistencia a la audiencia de ejecución de sentencia, seguimiento a la etapa de giro de dineros, hasta la finalización y archivo del expediente.
Demandas contra el Estado o Entes Públicos.
En Costa Rica, una demanda contra el Estado o los Entes Públicos es una acción judicial que puede interponer una persona física o jurídica cuando se haya producido un daño o perjuicio como consecuencia de la actuación de la Administración Pública.
La demanda se presenta ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que es el órgano judicial encargado de conocer y resolver este tipo de asuntos. La demanda debe contener una serie de requisitos formales, como la identificación del demandante y de la Administración demandada, la descripción de los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se basa la reclamación.
En Costa Rica, la responsabilidad del Estado y los Entes Públicos se encuentra regulada en Código Procesal Contencioso Administrativa, que establece que el Estado y los Entes Públicos son responsables por los daños y perjuicios que se produzcan como consecuencia de su conducta formal o material, entendido este como el incumplimiento de las obligaciones que tienen encomendadas.
El proceso judicial para la tramitación de una demanda contra el Estado o los Entes Públicos en Costa Rica es similar al que se sigue en otros países. Una vez presentada la demanda, la Administración demandada tiene un plazo para contestarla, y posteriormente se celebra una audiencia en la que se practican las pruebas pertinentes y se alegan las razones y argumentos de cada una de las partes. Finalmente, el Tribunal emite una sentencia que puede confirmar o desestimar la reclamación del demandante, y en su caso, fijar el importe de la indemnización a que tenga derecho.
Medidas Cautelares
Las medidas cautelares en materia contencioso-administrativa son medidas provisionales que puede dictar el juez o tribunal para garantizar la eficacia de la sentencia que se dicte en el proceso y asegurar la protección de los derechos e intereses del demandante mientras se resuelve el asunto.
Las medidas cautelares en materia contencioso-administrativa tienen como finalidad evitar que la demora del proceso o la ejecución del acto o decisión impugnada cause un perjuicio grave e irreparable al demandante.
Entre las medidas cautelares que pueden adoptarse en materia contencioso-administrativa se encuentran:
La suspensión de la ejecución del acto o decisión impugnada.
La adopción de medidas que impidan la continuación de la actuación administrativa impugnada.
La adopción de medidas que permitan la realización de la actuación administrativa impugnada, pero que no causen un perjuicio irreparable al demandante.
La adopción de medidas para la conservación de bienes o derechos objeto del proceso.
La adopción de medidas para la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la salud, la integridad física, entre otros.
Es importante destacar que las medidas cautelares en materia contencioso-administrativa deben ser solicitadas por alguna de las partes o el Juez puede adoptar las necesarias, siempre y cuando la existencia de una situación de urgencia o necesidad que justifique su adopción. La adopción de estas medidas se encuentra sujeta al principio de proporcionalidad, es decir, que las medidas adoptadas no pueden causar un perjuicio mayor al que se pretende evitar con la medida cautelar.
Procesos Judiciales Juzgado Contencioso Administrativo.
Contamos con amplia experiencia en la tramitación de los procesos judiciales que se resuelven en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
En Arista Legal, ofrecemos asesoría y servicios de alta calidad con el fin de defender sus derechos e intereses.
El proceso judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo es una acción judicial que puede interponer una persona física o jurídica cuando se haya producido un daño o perjuicio como consecuencia de la actuación de la Administración Pública o pretensiones establecidas en normas especiales.
El proceso judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo se inicia mediante la presentación de una demanda, la cual debe contener una serie de requisitos formales, como la identificación del demandante y de la Administración demandada, la descripción de los hechos y los fundamentos jurídicos en los que se basa la demandada.
Una vez presentada la demanda, la Administración demandada tiene un plazo para contestarla, y posteriormente se celebra una audiencia en la que se practican las pruebas pertinentes y se alegan las razones y argumentos de cada una de las partes. En algunos casos, el Juzgado Contencioso Administrativo puede citar a una audiencia oral, con el fin de fijar los hechos controvertidos y las pruebas que se van a practicar.
Es importante destacar que el proceso judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo se rige por diferentes leyes especiales, normas que regulan la actuación de la Administración Pública, y que es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en esta materia para asegurar una adecuada defensa de los derechos e intereses del demandante.
