Derecho Penal

En Arista, nuestro equipo de expertos en derecho penal está dedicado a defender los derechos de las víctimas de delitos.

Brindamos representación legal de alta calidad en todas las etapas del proceso, gracias a nuestra experiencia y especialización en la materia. 

Nos enfocamos en ser proactivos desde el inicio del proceso para ofrecer a nuestros clientes la mejor defensa penal posible.

Nuestros abogados especializados están comprometidos en garantizar los derechos e intereses de nuestros clientes a través de una defensa efectiva y profesional en todos los casos que manejamos. 

En el ámbito jurídico, una persona que ha sufrido daño o perjuicio debido a la comisión de un delito, como robo, homicidio, amenazas, fraudes u otros similares, se considera una víctima. Si se encuentra en esta situación, en Arista contamos con profesionales altamente capacitados que le brindarán el apoyo necesario para presentar una denuncia.

Una denuncia es el acto mediante el cual se informa a la autoridad competente sobre la existencia de los hechos que constituyen el delito. 

Es importante destacar que existen delitos que son de acción privada, es decir, aquellos que requieren la representación legal de un abogado especializado para que la víctima pueda presentar una querella (acusación particular) ante los Tribunales de Justicia Penal.

En estos casos, en Arista disponemos de un equipo altamente calificado para proporcionar el soporte legal necesario y garantizar que el proceso se inicie sin contratiempos.

En Arista, disponemos de un equipo de especialistas en materia penal con amplia experiencia en la defensa de personas acusadas o investigadas por cometer presuntos delitos. Nuestra representación legal es de muy alta calidad, y se brinda durante todas las etapas del proceso penal.

Nuestro compromiso y especialización en la materia permiten darles seguridad a nuestros clientes a la hora de tomar decisiones trascendentales en la defensa de sus derechos e intereses. 

En el ámbito jurídico, se considera denunciado o acusado a aquella persona que se encuentra bajo investigación por la presunta comisión de un delito, tal como robo, homicidio, amenazas, fraudes, entre otros similares. Si se encuentra en esta situación, nuestros abogados especializados en defensa penal le brindarán el apoyo y asesoramiento necesario para garantizar una adecuada defensa en el proceso judicial correspondiente.

Es importante destacar que una acusación puede ser pública, lo que implica que el Ministerio Público presenta cargos cuando se presume que una persona ha cometido un delito, o en algunos casos, el inicio del proceso penal está sujeta a la acusación privada. En este último caso, la víctima, a través de su representación legal, puede presentar una querella (acusación particular) ante los Tribunales. En cualquiera de estos casos, en Arista disponemos de un equipo altamente calificado para proporcionar el soporte legal necesario para que el proceso se lleve a cabo de manera eficiente y justa, y así poder garantizar la adecuada defensa de los derechos e intereses de la persona denunciada o investigada.

El proceso penal acusatorio en Costa Rica es un modelo procesal que se caracteriza por una separación de funciones entre la investigación y la acusación, la defensa y la decisión judicial.

Este modelo busca garantizar la imparcialidad e independencia de los diferentes actores del proceso penal, para asegurar un juicio justo. 

Las etapas del proceso penal acusatorio en Costa Rica son las siguientes:

Investigación: La investigación de los delitos la realiza el Ministerio Público, quien recoge las pruebas y elementos de convicción para sustentar una eventual acusación. 

Acusación: Si el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios, puede presentar una acusación formal contra el acusado y/o investigado. La acusación es presentada ante el Juzgado Penal correspondiente, y debe contener la descripción detallada de los hechos y las pruebas que se utilizarán en el juicio. 

Audiencia preliminar: En esta etapa, el Juzgado Penal revisa la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público y escucha los argumentos de la defensa. Si el juez considera que la acusación es fundada, se fija la fecha de la audiencia. Si no es así, puede dictar una resolución de sobreseimiento. 

Juicio Oral y público: En esta etapa se lleva a cabo el debate en el que se evacuan las pruebas y los argumentos de la Fiscalía y la defensa. El Juez es el encargado de valorar las pruebas y decidir si el acusado es o no responsable del supuesto delito imputado. 

Sentencia: El Juez dicta la sentencia condenatoria o absolutoria, según corresponda. Si es condenatoria, se fija la pena correspondiente.

Es importante mencionar que en el proceso penal acusatorio en Costa Rica se respetan los derechos fundamentales de las personas imputadas, como el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Si usted se encuentra involucrado en un proceso penal especial en Costa Rica y necesita asesoría legal, nuestro equipo de profesionales está dispuesto a brindarle un servicio personalizado.

Somos un equipo de abogados especializados en la materia y le ofrecemos la asistencia y orientación que necesita.

No importa cuál sea su situación, estamos comprometidos a brindarle una asesoría legal personalizada, profesional y confidencial.

Nuestro objetivo es ayudarlo a entender su situación legal y guiarlo en el proceso para lograr la mejor solución posible. 

En Costa Rica, un proceso especial penal es un procedimiento judicial que se aplica a casos específicos y que se rige por requisitos y reglas especiales, diferentes de las del proceso penal ordinario.

Estos procesos especiales se utilizan en casos que requieren de una mayor celeridad y eficacia en la investigación y juzgamiento de los delitos, así como en aquellos que, por su naturaleza, complejidad o gravedad, necesitan una atención más detallada y específica. 

Entre los procesos especiales penales más conocidos que se utilizan en Costa Rica, se encuentran los siguientes: 

Proceso penal abreviado: En este proceso, el imputado puede llegar a un acuerdo con el fiscal para una reducción de la pena a cambio de su confesión y colaboración en la investigación, obteniendo beneficios que le permitan reducir la pena a cumplir. 

Proceso penal por flagrancia: este proceso se aplica en los casos en los que una persona es sorprendida en el momento en que está cometiendo un delito, o inmediatamente después de haberlo cometido. La persona es detenida por la policía administrativa y presentada ante un juez de flagrancia, quien resolverá sobre su situación jurídica. 

Proceso penal de tramitación compleja: este proceso se utiliza en casos de gran cantidad de delitos, múltiples víctimas o acusados, entre otros similares. Este proceso se caracteriza por ser más largo y complejo que los procesos ordinarios, y por contar con mayores recursos y medidas de protección para la víctima y los testigos. 

Proceso penal por delitos de violencia contra las mujeres y otros integrantes del grupo familiar: este proceso se utiliza en casos de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como en casos de violencia intrafamiliar. Este proceso se caracteriza por contar con medidas especiales de protección para la víctima, así como por incluir la participación de un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en violencia.

Proceso por legitimación de capitales: se refiere al conjunto de procedimientos legales que se llevan a cabo para investigar y sancionar a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido o utilizado bienes o recursos de origen ilícito, con el objetivo de legalizarlos o incorporarlos al sistema económico-financiero del país. 

Los procesos especiales penales en Costa Rica se aplican en casos específicos y se rigen por reglas diferentes a las del proceso penal ordinario, con el objetivo de garantizar una atención más efectiva y especializada en la investigación y juzgamiento de los delitos.

La asesoría, representación y acompañamiento en los procesos penales en donde figura como parte una empresa se refiere al conjunto de servicios jurídicos que se prestan a una empresa que ha sido involucrada en un proceso penal.

Estos servicios incluyen el asesoramiento y la representación legal de la empresa ante las autoridades judiciales y fiscales, así como el acompañamiento en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación preliminar hasta la sentencia. 

El objetivo de la asesoría y representación legal en los procesos penales es proteger los intereses de la empresa y garantizar que se respeten sus derechos e intereses como persona jurídica en todo momento. Para ello, se realizan diferentes acciones, tales como la revisión exhaustiva de la documentación y evidencia relacionada con el caso, la elaboración de estrategias de defensa, la participación en las audiencias y diligencias judiciales, y la presentación de recursos y apelaciones cuando sea necesario. 

En Costa Rica, una empresa puede cometer diversos delitos penales, algunos de los cuales podrían ser los siguientes:  Delitos contra la propiedad intelectual: la empresa puede incurrir en delitos como la reproducción y comercialización ilegal de obras protegidas por derecho de autor o patentes, o la competencia desleal. 

Delitos fiscales: la empresa puede cometer delitos relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, como la evasión o el fraude fiscal.

Delitos ambientales: la empresa puede incurrir en delitos contra el medio ambiente, como la contaminación de ríos, mares, suelos, la emisión de gases contaminantes, la eliminación inadecuada de residuos, entre otros.

Delitos laborales: la empresa puede cometer delitos relacionados con el incumplimiento de las normas laborales, como el no pago de salarios, el no otorgamiento de prestaciones laborales, la discriminación laboral, entre otros.

Entre otros similares, que se encuentran en la normativa especial aplicable.

Es importante tener en cuenta que las empresas pueden ser responsables penalmente por la comisión de delitos en el marco de su actividad, y en muchos casos, la responsabilidad penal de la empresa no exime la responsabilidad penal de las personas naturales que hayan intervenido en la comisión de los delitos. Por lo tanto, es fundamental que las empresas cuenten con una asesoría legal especializada en derecho penal empresarial para prevenir y gestionar adecuadamente cualquier riesgo legal en este ámbito. 

La asesoría y representación legal en los procesos penales también puede incluir la negociación de acuerdos con las autoridades judiciales y fiscales, con el objetivo de lograr soluciones alternativas que eviten la imposición de sanciones o multas a la empresa. 

Si desea más información o quiere agendar una cita para una asesoría personalizada, no dude en contactarnos. 

El litigio penal en Costa Rica se refiere al conjunto de actuaciones que se llevan a cabo en un proceso penal, en el cual se investiga y juzga un delito.

En el litigio penal, intervienen diferentes actores, como la Fiscalía, la Defensa, el Juez y las partes involucradas, ya sea una persona natural o jurídica.

El litigio penal comienza con la denuncia o querella, que da origen a la investigación del delito. Durante la investigación, la Fiscalía recopila pruebas y realiza diligencias para determinar la existencia y responsabilidad del imputado. Si la Fiscalía encuentra elementos suficientes para sostener una acusación, se presentará una acusación formal ante el Juez, quien iniciará el proceso de juicio. 

Durante el juicio, la Defensa y la Fiscalía presentan sus argumentos y pruebas, y el Juez debe valorarlas para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. El litigio penal en Costa Rica se rige por los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, concentración y continuidad, y tiene como objetivo garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, así como la protección de la sociedad frente a los delitos.

Nuestro grupo de trabajo ofrece una asesoría profesional en las siguientes áreas:

Asesoría Previa: Incluye el estudio previo de antecedentes, preparación de la teoría del caso.
Estudio de los documentos disponibles. Estudio de todos los escenarios posibles y probables. Desarrollo de las estrategias a seguir.

Representación y defensa desde el inicio del proceso
Una defensa técnica se debe desarrollar en forma correcta desde el primer acto procesal (cualquier actuación judicial o policial) de la persecución penal y hasta la ejecución de la sentencia. El derecho de defensa es irrenunciable. 

Asesoría y presentación en temas de prueba que Incluye: 

Declaración de parte, testigos, peritos, testigos peritos, documentos e informes, reconocimientos, medios científicos y tecnológicos permitidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

Asistencia y representación en todas las etapas del proceso penal ordinario o especial respectivamente:
Etapa preparatoria (investigación preliminar a cargo del Ministerio Público.
Etapa Intermedia (audiencia preliminar).Etapa de juicio oral y público.
Etapa de ejecución de sentencia penal y civil.  Impugnación | Recursos Interposición de los recursos en esta materia se encuentra debidamente regulada en las normas aplicables, el de revocatoria, apelación, casación y el procedimiento de revisión. 

Un amplio estudio y representación es de vital importancia para el correcto ejercicio de los derechos e intereses de nuestros clientes.

La asesoría y representación en las posibles salidas alternas al conflicto penal se refiere a la asistencia legal que se brinda a una persona que se encuentra involucrada en un proceso penal, con el objetivo de buscar una solución alternativa al juicio penal convencional. 

Las salidas alternas al conflicto penal son una serie de medidas que tienen como finalidad buscar una solución al conflicto penal mediante medios distintos a la condena penal.

La asesoría y representación en estas posibles salidas alternas implica la orientación y asesoramiento legal para el acusado o investigado, con el objetivo de analizar la viabilidad de estas alternativas, negociar con las demás partes involucradas y buscar la mejor solución posible.

Además, en caso de que se llegue a un acuerdo mediante alguna de estas salidas alternas, se debe garantizar que el acuerdo sea legalmente válido y se cumpla en su totalidad, para lo cual también se brinda asesoramiento y representación legal. De esta manera, se busca obtener los mejores resultados para el cliente en términos de reducción de sanciones, evitación de un juicio penal o resolución del conflicto de manera satisfactoria para todas las partes involucradas.

Nuestro grupo de trabajo brinda los servicios, siempre que el ordenamiento jurídico lo permitan en relación en las siguientes áreas:

Suspensión del procedimiento a prueba:

Reparación del daño en delitos patrimoniales o culposos:

Conciliación:

Aplicación de criterios de oportunidad:

Pago del máximo de la multa.

Las medidas cautelares penales pueden ser impuestas por un juez en el marco de un proceso penal con el fin de asegurar la presencia del imputado en el proceso y evitar que se sustraiga a la acción de la justicia, así como para garantizar la protección de las víctimas y testigos, y evitar la comisión de nuevos delitos, entre otros supuestos similares.

Algunas medidas cautelares, son:

Prisión preventiva: La prisión preventiva en Costa Rica es una medida cautelar que se aplica durante el proceso penal y consiste en la privación de libertad de una persona que ha sido detenida o imputada por la comisión de un delito, cuando existen razones fundadas para creer que podría evadirse de la justicia, obstruir la investigación, poner en peligro a la víctima o testigos, o seguir delinquiendo, entre otros. 

Para que se ordene la prisión preventiva, debe existir un peligro concreto y actual de fuga o entorpecimiento del proceso penal, y no puede ser una medida automática o generalizada. La decisión de imponer la prisión preventiva la toma un juez de garantías en una audiencia especial, donde se evalúan los argumentos de la Fiscalía y la defensa, y se valoran los elementos de convicción presentados por ambas partes. 

Es importante destacar que la prisión preventiva es una medida excepcional y sumamente gravosa, su aplicación debe ser proporcional y respetar los derechos fundamentales de la persona imputada. En este sentido, la ley establece que la prisión preventiva debe ser sustituida por medidas menos restrictivas como, por ejemplo: 

Firma periódica: el imputado debe presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales o policiales. 

Prohibición de salir del país: el imputado no puede salir del país mientras se lleva a cabo el proceso penal.

Prohibición de acercarse a la víctima o testigos: el imputado no puede acercarse a la víctima o testigos durante el proceso penal.

Uso de brazalete electrónico: el imputado lleva puesto un brazalete que le permite a las autoridades judiciales y policiales monitorear su ubicación. 

Es importante destacar que la imposición de medidas cautelares penales debe estar justificada y ser proporcional a la gravedad del delito y a las circunstancias del imputado, y que la ley establece que las medidas cautelares deben ser revisadas periódicamente para asegurar que siguen siendo necesarias.

Contra la vida (homicidios simples, calificados, atenuados, culposos, entre otros)

Contra la propiedad (hurto, robo, estafas, daños, entre otros) 

Contra el honor (injuria, calumnia, difamación, etc.) 

Económicos.

Legitimación de capitales emergentes.

Quiebras e insolvencias (fraudulenta o culposa).

Agresiones. 

Lesiones (levísimas, leves, graves o gravísimas).

Contra la familia. 

Contra menores de edad 

Fraude corporativo

Delitos sexuales 

Entre otros.

El Cumplimiento Anticorrupción en Costa Rica se refiere a la implementación de medidas y controles por parte de empresas, organizaciones y entidades públicas para prevenir, detectar y tratar la corrupción y otros delitos relacionados.

En Costa Rica, el cumplimiento anticorrupción está regulado por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como por otras leyes y normativas especializadas relacionadas.

Estas leyes establecen la obligación de implementar medidas y controles adecuados para prevenir y detectar la corrupción, incluyendo políticas de ética y transparencia, capacitación y concienciación de los empleados, y la adopción de sistemas de control interno y auditorías.

Además, existen organizaciones y entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de estas leyes, como la Contraloría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entre otros. 

El cumplimiento anticorrupción en Costa Rica es un conjunto de medidas y controles que tienen como objetivo prevenir y detectar la corrupción y otros delitos relacionados, y está regulado por leyes y normativas específicas.

Los requisitos para el cumplimiento anticorrupción varían según el país y la normativa aplicable. Sin embargo, algunos de los requisitos comunes para el cumplimiento anticorrupción en cualquier lugar incluyen algunos básicos: 

Políticas y procedimientos de ética y transparencia: Las empresas y organizaciones deben establecer y mantener políticas y procedimientos claros y transparentes que fomenten un ambiente de integridad y ética en el que los empleados se sientan cómodos al informar sobre conductas sospechosas o posibles delitos. 

Capacitación y concienciación: Las empresas y organizaciones deben capacitar a sus empleados en temas de anticorrupción y sensibilizarlos sobre los riesgos de la corrupción.

Debida diligencia: Las empresas y organizaciones deben realizar una debida diligencia adecuada en sus transacciones comerciales y en sus relaciones con terceros, para asegurarse de que no estén involucrados en actividades corruptas.

Monitoreo y auditoría: Las empresas y organizaciones deben implementar sistemas de monitoreo y auditoría internos y externos para detectar y prevenir actividades corruptas. 

Reporte y denuncia: Las empresas y organizaciones deben establecer canales para reportar y denunciar actividades sospechosas, y proteger a los denunciantes de represalias.