POR QUÉ NO SE PUEDE USAR “COSTA RICA” EN UNA MARCA DENOMINATIVA O DE DISEÑO

     A partir del dictamen de la Procuraduría General de la República C-085-2020 de fecha 16 de marzo del 2020, se prohibió que en nuestro país se pueda utilizar el nombre de “COSTA RICA” como parte de un diseño o una marca denominativa, sin mediar aprobación de la Asamblea Legislativa.

     Antes de este dictamen, era muy común observar en solicitudes de registro de marca las palabras “COSTA RICA” como parte de sus diseños o su denominación.

     Pero a partir de una consulta realizada por los miembros del Tribunal Registral Administrativo con respecto al tema, se prohibió el uso de las palabras “COSTA RICA” en marcas de fábrica, de comercio, nombres comerciales o señales de propaganda.

     El análisis del tema surgió a partir de la necesidad de interpretar la norma contenida en el artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente. Dicho artículo señala lo siguiente:

ARTÍCULO 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

No podrá ser registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:

… m) Reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, la bandera u otro emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado u organización internacional, sin autorización de la autoridad competente del Estado o la organización.

     Vemos como la norma prohibitiva impide el uso de la abreviación o denominación de un Estado para ser utilizado como marca, y se indica que dicho uso dependerá de la autorización de la autoridad competente.

     Inicialmente, la consulta de los miembros del Tribunal Registral se orientó a determinar, para el caso de Costa Rica cuál es la autoridad competente.

     En un primer criterio del Departamento de Asesoría Legal del Tribunal Registral Administrativo, se señaló que la autoridad competente para autorizar el uso de las palabras “COSTA RICA” era el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, ya que se consideró que al ser el órgano encargado de los temas culturales en nuestro país, el mismo era la autoridad indicada para rendir dicha autorización.

     La Procuraduría General de la República, en su dictamen desarrolla el concepto de protección de la Propiedad Industrial, partiendo desde su conceptualización en nuestra Constitución Política, lo cual muestra la importancia que para nuestro ordenamiento jurídico tienen los signos distintivos, tales como las marcas de fábrica y comercio.

    Luego se explica en su dictamen, que el uso de las denominaciones de los países, así como sus escudos y emblemas puede tener repercusiones negativas en cuanto a la realidad del derecho de marcas, pues los consumidores pueden asociar las marcas que contengan la denominación de un estado, en este caso, “COSTA RICA”, como marcas que muestran una garantía al consumidor en relación con su calidad y sus características propias.

     Luego, en un importante desarrollo, se cita el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, como un Tratado Internacional que presenta la misma protección que contiene la norma del artículo 7 inciso m) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y observando la redacción de dicho artículo, es fácil observar la coincidencia en la preocupación que se indica en dicho Tratado, con respecto a la necesidad de obtener una autorización en un país, del cual su nombre quiere ser utilizado como marca.

    Señala el dictamen de la Procuraduría: “… En ese sentido, es claro que el fin del legislador en el artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es que el Estado tenga control sobre la imagen y responsabilidad que pudiera derivarse del uso de símbolos costarricenses en marcas comerciales o de fábrica, explotadas lucrativamente”.

     La Procuraduría señaló además que conforme al artículo 121 de la Constitución Política, es la Asamblea Legislativa a quien corresponde “decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes de la Nación”.

     Esta norma constitucional fue interpretada en el sentido de que la misma limita la competencia del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en relación con la autorización necesaria para permitir el uso en una marca de fábrica y comercio o de servicios de la denominación “COSTA RICA”. Esto significa para la Procuraduría que esta autorización está circunscrita a la competencia única y exclusiva de la Asamblea Legislativa.

     Literalmente, el Dictamen de la Procuraduría señala lo siguiente:

“…Por lo que, al poseer la Asamblea Legislativa la competencia constitucional para la enajenación y disposición de uso de los bienes, esta no puede ser sustraída por vía interpretación al Ministerio de Cultura y Juventud, hasta tanto la Asamblea, en uso de sus facultades legislativas, establezca la competencia institucional administrativa para el otorgamiento de las autorizaciones de uso de los símbolos nacionales, de considerarlo procedente.

Nótese que, en el caso de la bandera, el escudo y el pabellón nacional, el legislador prohibió expresamente su uso en marcas cuyo titular sea un particular, y en el caso de Los Crestones, el legislador los habilitó como marca país, autorizando únicamente para su uso al Instituto Costarricense de Turismo.

En ese entendido, por la naturaleza de bienes culturales que ostentan los símbolos nacionales, y mientras no exista una norma de rango legal emanada de la Asamblea Legislativa que permita la utilización de estos, su uso en marcas comerciales o fabriles de particulares – personas físicas o jurídicas-, no es posible en Costa Rica y se encuentra asimismo vedado constitucionalmente, previa autorización de la Asamblea, según lo dispuesto por el cardinal 121 inciso 14 de la Carta Magna.”

     Queda entonces claramente establecido que existe una prohibición para el uso de la denominación del estado “COSTA RICA”, en marcas de fábrica, comercio y servicio, así como en signos distintivos, pues el nombre de nuestro país fue considerado por la Procuraduría General de la República como un bien cultural que no es de disposición privada, salvo aprobación de la Asamblea Legislativa de dicho uso, el cual encuentra además la limitación de no poder ser considerado un bien disponible a nivel privado.

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